DEFINICIÓN
El derecho a gozar de un medio ambiente sano en Colombia es un derecho colectivo reconocido en el artículo 79 de la Constitución Política, que garantiza a todas las personas la posibilidad de vivir en un entorno equilibrado, libre de contaminación y apto para el desarrollo de la vida. Este derecho impone al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo de los recursos naturales, prevenir y controlar el deterioro ambiental y promover la participación ciudadana en las decisiones que afecten el patrimonio ecológico de la Nación.
CARACTERÍSTICAS
Colectivo – Pertenece a toda la comunidad y no solo a individuos.
Fundamental en su dimensión ecológica – Relacionado con la vida y la salud.
De interés público – Su protección es una prioridad para el Estado.
Deber correlativo – Impone obligaciones al Estado, empresas y ciudadanos para su conservación.
Preventivo y precautorio – Busca evitar el daño ambiental antes de que ocurra.
Imprescriptible – No se pierde con el paso del tiempo.
Participativo – Reconoce el derecho de las personas a intervenir en decisiones que afecten el ambiente.
Progresivo – Exige una mejora continua de la calidad ambiental.
Interdependiente – Relacionado con otros derechos como la vida, la salud y el agua.
Tutelar y popular – Se puede proteger a través de acciones constitucionales como la acción popular y la acción de tutela (cuando afecta derechos fundamentales).
Ejemplos donde se vulnera el derecho a un medio ambiente sano
Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en ríos o quebradas.
Deforestación indiscriminada en zonas protegidas o reservas forestales.
Contaminación del aire por emisiones industriales o quema de combustibles sin control.
Mal manejo de residuos sólidos, generando basureros a cielo abierto.
Derrames de petróleo o sustancias tóxicas que afectan fuentes hídricas y suelos.
Construcción de proyectos sin licencia ambiental ni estudios de impacto.
Explotación minera ilegal que destruye ecosistemas y contamina el agua.
Ruido excesivo en zonas residenciales que afecta la tranquilidad y salud de la comunidad.
Cacería y tráfico ilegal de fauna silvestre, poniendo en riesgo especies protegidas.
Uso indiscriminado de agroquímicos que contaminan el suelo y el agua afectando la salud pública.