DEFINICIÓN
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, garantiza que toda persona tiene derecho a ser juzgada conforme a las leyes preexistentes, ante autoridad competente, con respeto a las formas propias de cada juicio y con plena oportunidad de defensa. Este derecho protege a las personas frente a actuaciones arbitrarias del Estado, asegurando que toda decisión judicial o administrativa se adopte con imparcialidad, transparencia y respeto por las garantías procesales básicas, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a presentar pruebas.
CARACTERÍSTICAS
Legalidad: Ninguna persona puede ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.
Competencia: Toda actuación debe ser adelantada por una autoridad legítima y competente.
Presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante sentencia en firme.
Derecho a la defensa: Toda persona tiene derecho a conocer los cargos en su contra, a ser escuchada y a contar con asistencia jurídica.
Publicidad y transparencia: Los procesos deben ser públicos, salvo las excepciones que establezca la ley.
Contradicción y prueba: Las partes tienen derecho a presentar pruebas y controvertir las de la parte contraria.
Imparcialidad: El juez o autoridad debe actuar sin sesgos ni intereses personales.
Doble instancia: Toda persona tiene derecho a impugnar las decisiones judiciales o administrativas.
Proporcionalidad: Las sanciones y decisiones deben ser justas y adecuadas a la conducta juzgada.
Aplicación universal: Se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, no solo a los procesos penales.
SITUACIONES EN LAS QUE SE VE VULNERADO ÉSTE DERECHO
Sanciones sin escuchar al implicado, cuando una autoridad impone castigos sin permitir defensa ni descargos previos.
Falta de notificación oportuna, impidiendo que la persona conozca las decisiones o los cargos en su contra.
Negación del derecho a la defensa, al no permitir la asistencia de un abogado o limitar la intervención de la defensa técnica.
Pruebas ignoradas o rechazadas sin justificación, afectando el derecho a la contradicción y a un juicio justo.
Decisiones adoptadas por autoridad incompetente, es decir, por funcionarios sin facultad legal para hacerlo.
Demoras injustificadas en los procesos, que vulneran el principio de celeridad y el derecho a una justicia pronta.
Imposición de sanciones sin motivación clara, cuando no se explican las razones jurídicas o probatorias de la decisión.
Negar el recurso de apelación o impugnación, impidiendo ejercer la doble instancia.
Aplicación retroactiva de normas, sancionando conductas que no eran punibles al momento de ocurrir.
Parcialidad o falta de imparcialidad del juez o autoridad, afectando la objetividad del proceso.
