DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

DEFINICIÓN

El derecho fundamental de las personas con discapacidad, reconocido en los Artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la igualdad real y efectiva de todas las personas, asegurando su inclusión social, laboral, educativa y cultural. Este derecho obliga al Estado a proteger especialmente a quienes, por su condición física, sensorial, intelectual o mental, se encuentren en situación de vulnerabilidad, promoviendo políticas de rehabilitación, accesibilidad y participación plena en la sociedad. Su finalidad es garantizar la dignidad humana, la no discriminación y la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás.

CARACTERÍSTICAS

• Igualdad y no discriminación: garantiza que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades que los demás, sin ser excluidas por su condición.

• Inclusión social: promueve la participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad —educativo, laboral, político, cultural y comunitario—.

• Accesibilidad: exige que el entorno físico, los servicios públicos, la información y la comunicación sean accesibles para todos.

• Protección especial del Estado: obliga a las autoridades a adoptar medidas que eliminen barreras y brinden apoyo integral a las personas con discapacidad.

• Autonomía y participación: reconoce el derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su vida y a participar activamente en las decisiones que la afecten.

• Rehabilitación y apoyo: promueve programas de salud, educación y empleo que permitan el desarrollo de las capacidades individuales.

• Dignidad humana: reafirma el valor y respeto que merece cada persona, sin importar su condición física o mental.

CARACTERÍSTICAS

• Discriminación laboral: cuando se niega la contratación, se limita el acceso a ascensos o se despide a una persona por su condición de discapacidad.

• Falta de accesibilidad: cuando los espacios públicos, el transporte, las instituciones educativas o los servicios de salud no cuentan con rampas, señalización, intérpretes o herramientas adaptadas.

• Exclusión educativa: cuando se impide el acceso o la permanencia de estudiantes con discapacidad en instituciones educativas por falta de apoyo o ajustes razonables.

• Negación de servicios de salud o rehabilitación: cuando las EPS o IPS no brindan tratamientos, terapias o ayudas técnicas necesarias para su bienestar.

• Barreras en la comunicación: cuando no se ofrecen medios adecuados como lenguaje de señas, braille o tecnología asistiva en trámites y servicios públicos.

• Falta de participación social y política: cuando no se garantiza la posibilidad de participar en procesos comunitarios, electorales o de toma de decisiones.

• Desprotección en el entorno familiar o institucional: cuando se presentan casos de abandono, maltrato o negación del derecho a la autonomía y a la vida digna.